Del 2 de septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017, el Ministerio Público recibió en todo el país 651 denuncias por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto pecuario.
Las provincias donde más denuncias por este ilícito se recibieron son: Chiriquí con 154; Los Santos, con 119 casos y Coclé, donde entraron 83 denuncias, según datos estadísticos del Ministerio Público.
Bajo el Sistema Penal Acusatorio (SPA) se efectuaron 31 audiencias de legalización de aprehensión en todo el país por esta infracción, de las cuales 30 han sido validadas por el juez de Garantías.
En Coclé se llevaron a cabo ocho audiencias de legalización de la aprehensión; en Bocas del Toro se llevaron a cabo seis audiencias de este tipo; mientras que en Panamá y Chiriquí se realizaron cinco audiencias en cada provincia.
La fiscal Superior de Coclé, Gladys Morán destacó que en un importante número de las aprehensiones se logró la recuperación de los animales, hecho que calificó como positivo.
Agregó que dentro de las aprehensiones, dos de ellas fueron acumuladas y luego la víctima manifestó su deseo de desistir de la pretensión punitiva, figura que contempla el Código Procesal Penal en los casos en que la víctima ha sido resarcida del hecho que se dio en su perjuicio y no quiere que se continúe la causa en contra del imputado; dándose así el cierre de la investigación y el respectivo archivo de la carpeta fiscal.
Expresó que estos resultados corresponden al trabajo en equipo que realizan los fiscales con los investigadores especializados en hurto pecuario de la Dirección de Investigación Judicial de las sedes de Penonomé y Aguadulce inmediatamente después de haberse recibido la noticia criminal
Informó que otras dos investigaciones terminaron en mediación, que es otro método alterno de solución de conflictos en donde interviene la voluntad del imputado y la víctima, para que estos asistan a un Centro de Mediación, que en el caso de Coclé, pertenece al Órgano Judicial y allí logran un acuerdo sobre el resarcimiento. Luego el Juez de Garantías suspende la investigación y da el plazo de un año para que se cumplan las condiciones del acuerdo y al cumplirse el mismo, se realiza otra audiencia ante un Juez de Garantías, quien declara extinguida la acción penal por cumplimiento de las condiciones de mediación y el imputado queda sin antecedentes penales.
De acuerdo al Texto Único del Código Penal de la República de Panamá, en su Artículo 217 destaca que “quien se apodere de una o más cabezas de ganado que estén sueltas en dehesas, corrales o caballerizas o promuevan, patrocine, induzca, financie, facilite, colabore o incite con este hecho delictivo será sancionado con pena de seis a ocho años de prisión”.
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